Arsenal terapéutico

Crimen y justicia

La justicia es ciega, no hay duda. De ser sordo muda comprendiera en lenguaje de señas, código últimamente de aprehensión obligatoria, ya que es mejor entender las cosas a señas que a coñazos. En fin, mi aseveración respecto a la justicia es porque la mayoría de las noticias que recientemente circulan sobre los medicamentos son crónicas de fiscalizaciones, decomisos y detenciones de cualquiera que uno se imagina: buhoneros, funcionarios públicos, traficantes, comerciantes y pare usted de contar; las razones: bachaqueo, sustracción de insumos de establecimientos públicos, contrabando, acaparamiento y especulación de medicamentos entre otros delitos. Todos terminan en el Ministerio Público previo a que los agarre la invidente con su balanza y espada.

Estas acciones policiales, aunque necesarias, no remedian la escasez de medicamentos ni siquiera la mitigan, si bien no pasan de ser medidas efectistas el Estado está en la obligación de aplicarlas, pero también es deber del Estado prevenir estos delitos. Nos alegramos cuando las autoridades capturan un bachaquero de medicamentos, anhelamos que le caiga todo el peso de la ley, pero pocas veces nos preguntamos qué hace el Estado para evitar estas faltas. Las medidas para prevenir el delito impiden la criminalización de la sociedad.

Más específicamente, esta arenga viene por un caso que leí en un diario regional del estado Lara el cual reseñó la detención de un anciano dueño de una pequeña farmacia, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, el hecho es que con la ayuda de un exacto, según la nota de prensa, retiraban el precio que traían marcados los productos y les colocaban uno mayor. Por su puesto acción repudiable, pero luego de contemplar la gráfica del suceso donde aparece entre dos agentes policiales fuertemente armados un raquítico sexagenario parado de espaldas a una escasa mercancía incautada, fue inevitable reflexionar acerca de las posibles circunstancias que habrán llevado a este hombre a cometer semejante ilícito, sin ánimos de victimizarlo ni justificarlo él no es más que un buen chivo expiatorio.

Libre de prejuicios, convendría saber primero si este comerciante compra ya los productos por encima del precio que marcan o cuál es el margen de ganancia que le deja la droguería que principalmente lo surte, casualmente está a escasas cuatro cuadras de distancia de dicha farmacia.

Desde que los sesudos economistas inventaron el término “costo de reposición” convencieron a los comerciantes que es una “necesidad” remarcar los productos, es decir incrementar sus precios basados en la expectativa de que el próximo pedido estos serán más caros y de esta manera, supuestamente, impedirán descapitalizarse a consecuencia de la inflación, sin percatarse que precisamente la acción de remarcar es una de las principales causas de la espiral inflacionaria.

Los medicamentos, por ser productos de alta rotación, no precisan de remarcaje, el truco está en venderlos lo más rápido posible y reponerlos. En este momento histórico de nuestra economía, caracterizado por la falta de oferta de mercancías y una hiperinflación se hace muy cuesta arriba mantener una dinámica comercial que evite la descapitalización. Entonces es cuando a los bancos les toca hacer su trabajo, en especial la banca pública.

Es responsabilidad del Estado, a través de la banca pública, otorgar préstamos a bajos intereses, para recapitalizar sobre todo a los pequeños comerciantes y compensar el desequilibrio en el flujo de caja presentado en estas circunstancias, de tal manera que la actividad comercial pueda subsistir sin afectar a la población a través del incremento de los precios. La ejecución de esta medida es una necesidad como recursos en el intento para detener la inflación, sin criminalizar a la población, durante la actual crisis, depresión o guerra económica, llámela como quiera.

Falsificaciones que huelen mal

Más que preocupación nos causa terror enterarnos que en el mercado están circulando medicamentos falsificados, sobre todo si la advertencia la hace una autoridad sanitaria. Una vez esparcido el miedo uno se queda para toda la vida con la incertidumbre, porque el Ministerio Público o no se entera o nunca termina la investigación para esclarecer el desenlace.

La semana pasada el Instituto Nacional de Higiene, alertó a la población sobre la circulación en territorio nacional de un anestésico marca Spiva al cual definió como producto falsificado ya que el representante de la marca en Venezuela no reconoció la muestra en cuestión.

El producto original es de fabricación india, en nuestro país lo representa una empresa de nombre Comercializadora Neopharma de Venezuela C.A., es una emulsión fluida de aspecto lechoso que viene en un frasco ampolla para ser administrado por vía intravenosa ya que se trata, nada más y nada menos, que de un anestésico de acción general.

En el alerta el Instituto de Higiene no detalla de que manera llegó a su poder la muestra falsificada, tampoco manifiesta haber notificado al Ministerio Público para el inicio de una investigación penal, siendo el hallazgo la prueba de un delito contra la salud pública, solo se limita a recomendar a la población no utilizar el producto debido a que este no posee registro sanitario, por tanto no está autorizada su comercialización, desconociéndose el origen, almacenamiento y distribución, en consecuencia no hay garantía de la calidad, seguridad y eficiencia del producto.

Pero, diría Perucho Conde, siempre hay un bendito pero, el anestésico Spiva en marzo del año 2015 presentó un problema grave de calidad; el Instituto detectó que el tamaño de los glóbulos de la emulsión estaban fuera de los parámetros especificados, obligando a la empresa representante a inmovilizar cinco lotes del producto ya distribuidos a los centros de salud mientras se continuaba la investigación y se generaba un veredicto, el cual culminó con la orden de recolección del producto. La empresa tardó más de dos años en recogerlo de los hospitales y clínicas, solo el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales devolvió cerca de 8.500 unidades del anestésico.

En agosto del 2017 la empresa Neopharma envió cerca de 18.500 unidades del producto para su destrucción a la fábrica estatal de cemento Invecem, ubicada en Cumarebo estado Falcón. Se precisa descartar si este producto falsificado no se trata de los mismos lotes que en lugar de ser destruidos fueron recuperados, luego reetiquetados y puestos de nuevo en circulación. Un caso similar fue reportado por laboratorios Oftalmi en agosto de 2017, un lote de gotas PediaCort contaminado fue entregado por la empresa a una firma autorizada para su destrucción, con la anuencia del Ministerio de Salud, luego estos medicamentos reaparecieron en el mercado nacional, en su momento Laboratorios Oftalmi en un comunicado de prensa, que reseñó el portal web arsenalterapeutico.com, informó de la formalización de la denuncia ante el Ministerio Público y la Sundde. Hasta ahora no se han conocido los resultados de la investigación, si es que se inició.

Es menester que el Ministerio Público tome cartas en el tema, puesto que se trata de un asunto muy grave contra la salud de las personas. Para terminar les dejo esta perla: una droguería ubicada en el estado Táchira está vendiendo el anestésico Spiva a clínicas privadas y también a algunas gobernaciones. No se sabe de dónde lo sacan, es posible que lo traigan de contrabando desde Colombia. Así que hay más trabajo para Tarek, por cierto cómo se dice notitia criminis en lenguaje de señas. Hasta la próxima semana.

Eduardo Samán

samanedu@arsenalterapeutico.com

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