Arsenal terapéutico

Venezuela bajo vigilancia prioritaria

Recientemente la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publicó el informe llamado “Special 301 Report” correspondiente al año 2017, en el cual mantiene a Venezuela en la lista de vigilancia prioritaria, mal llamada “lista negra”, respecto a la protección de la propiedad intelectual.

Pero, ¿qué es la USTR? por sus siglas en inglés de Office of the United States Trade Representative es la agencia del Gobierno de los Estados Unidos responsable de recomendar y desarrollar la política comercial al presidente Donald Trump. Funciona como una especie de misión diplomática y es la que conduce las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales de ese país.

La USTR prepara el susodicho informe con la indagación de sectores privados, directamente interesados, a través de las embajadas de los Estados Unidos en todo el mundo y la cooperación del Departamento de Estado, Tesorería, Justicia, Usaid, entre otras dependencias gubernamentales. Pues una de las principales prioridades comerciales de la administración Trump es valerse de todos los recursos posibles para alentar a otros países a abrir sus mercados a las exportaciones de bienes y servicios estadounidenses.

La Agencia, actuando como juez global, mantiene a ciertos países en dos listas, despectivamente llamadas lista gris y lista negra. La primera es la Lista de observación (Watch List) en la que incluyen a 24 países del mundo y la segunda la Lista de vigilancia prioritaria (Priority Watch List) en la cual se encuentran: Argelia, Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Kuwait, Rusia, Tailandia, Ucrania y Venezuela.

El argumento principal esgrimido es la prohibición de registros de patentes farmacéuticas establecido en la Ley de Propiedad Industrial de 1956, la cual continuó su vigencia luego de la salida formal de Venezuela de la Comunidad Andina, aunado con disposiciones de la Constitución de 1999 que entran en conflicto con el Tratado de la Organización Mundial de Comercio en la materia. A este alegato lo han edulcorado con el desastre administrativo del Servicio Autónomo para la Propiedad Intelectual (SAPI); el aumento sustancial de las tarifas (cobro en dólares), el otorgamiento de marcas idénticas, sustancialmente indistinguibles o confusamente similares a las marcas registradas, según expresan en el reporte.

En la construcción de ese expediente contra Venezuela incorporan supuestas faltas que no están contempladas en nuestra legislación, es decir nos juzgan a la luz de sus leyes, su moral y basados en tratados internacionales de los cuales no somos parte. Achacan omisiones al Estado de acciones que son responsabilidad exclusiva del sector privado, como es el inicio de procesos judiciales, en otras palabras criminalizan a propósito nuestra Nación por la “negligencia” de sus corporaciones.

También mienten cuando afirman que Venezuela no cuenta con políticas y procedimientos efectivos para garantizar que en las propias agencias gubernamentales no se utilice software no autorizado. Es público y notorio que el Gobierno venezolano viene implementando desde el año 2004 en Decreto Presidencial 3.390 que obliga a la Administración Pública a emplear Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos. Para la fecha se ha logrado la migración total de los sistemas y servicios informáticos públicos, siendo denunciados por la comunidad de Software Libre a aquellos funcionarios que se han resistido a la transformación o la han revertido.

Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional

Asamblea entreguista

El inquisidor informe dice textualmente “En 2016, la Asamblea Nacional presentó un proyecto de ley para una nueva ley de propiedad intelectual para abordar algunas de las preocupaciones relacionadas con la Ley de Propiedad Industrial de 1956 de Venezuela, pero no ha habido más avances legislativos”. Respecto a lo anterior es importante hacer algunas precisiones:

Primero, será que la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela no se ha enterado que la Asamblea Nacional está jurídicamente en desacato, por tanto sus actos son nulos y carecen de validez.

Segundo, ese proyecto de ley, en poder de la Comisión de Ciencia y Tecnología, solo se presentó a Venamcham (Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria), quien además participó en su elaboración. Ni siquiera se ha presentado a la propia Asamblea Nacional para su primera discusión y mucho menos se ha hecho público.

Tercero, lamentablemente los EEUU tendrán que seguir con sus “preocupaciones”, porque Venezuela es una Nación Independiente, Libre y Soberana y nuestro Pueblo es de estirpe Libertadora.

Efectivamente la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional no solo está cocinando un Proyecto de ley de Propiedad Industrial sino que con un sector de la “Industria Cultural” y la Comisión de Política Interior prepararon un proyecto de ley de Derecho de Autor.

Donde sí han avanzado es en la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti), está aprobada en primera discusión, es pública y están preparando junto con Conindustria el informe para la segunda discusión. En el borrador del proyecto se evidencia la relevancia de la propiedad intelectual, visto que en el artículo 8 le da la competencia al Ministerio de Ciencia y Tecnología la gestión de los derechos intelectuales generados de la actividad científica y tecnológica, remitiendo a las leyes especiales en la materia y subordinándose a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, en un intento de saltarse los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo que pone al dominio público los derechos intelectuales generados con fondos del Estado y otorga los derechos a sus autores e inventores cuando media una relación laboral en el sector privado.

No hay duda que el tema de la propiedad intelectual tiene dolientes y presiones, mientras las comisiones de la Asamblea Nacional trabajaban sigilosamente los proyectos de reforma de las leyes de propiedad industrial y derecho de autor, por otro lado en noviembre del año pasado el presidente Nicolás Maduro anunció que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) reformará Ley de Patentes del sector farmacéutico, en un acto realizado en el Fuerte Tiuna con los trabajadores, según informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN). Ojalá que la ANC sepa lo que está haciendo y no esté manejando, con secretismo, el mismo borrador pero en “lenguaje chavista”.

Es bien conocida la importancia de los derechos de propiedad intelectual y en especial las patentes en el sector industrial, sin embargo para la industria farmacéutica es singular debido a las grandes regalías asociadas a las drogas que “protegen”, como también es significativo el interés social para el acceso de la población a los medicamentos y la lucha por el mercado.

La industria farmacéutica nacional se lamenta que el gobierno de Maduro hace importaciones indiscriminadas que atentan contra la producción local, entonces qué dirán de la oposición que pretende, desde la Asamblea Nacional, acabar de raíz con ese sector nacional, propiciando leyes a favor de las corporaciones farmacéuticas estadounidenses.

Documental

Recomiendo el documental Valeant o la estafa en medicamentos, es el número 3 de un seriado de Netflix llamado Dinero sucio. El filme de una hora expone con detalle el caso de la farmacéutica canadiense Valeant y como hizo dinero con medicamentos “huérfanos”, en su mayoría muy viejos con patentes caducadas y esenciales para la vida. La finalidad crear una burbuja en la bolsa, la trama es descifrada por un equipo de corredores de “Venta Corta”. El documental es imperdible y explica muy bien una de las caras de la gran industria farmacéutica, está doblado al español y en Internet en documaniatv.com lo ves gratis.

Eduardo Samán

samanedu@arsenalterapeutico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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