¿De quién es el trabajo?

Esta pregunta puede parecer tan estúpida como preguntarse de quién es el aire que respiramos. O el agua de lluvia. O los colores del arco iris.

Sin embargo, es mucho más estúpido constatar cómo, a lo largo de la historia, algunos seres humanos se han sentido con el derecho de apropiarse de cada una de estas cosas. Apropiación siempre delictual que queda impune cuando ellos mismos gobiernan o deciden cuál es la ley que debe aplicarse.

Pero intentemos comprender y responder: ¿De quién es el trabajo?

¿Del trabajador?

Si así fuera, el trabajador debería decidir a qué aplicar su actividad laboral, debería decidir cuál es la remuneración justa y necesaria para vivir sin sobresaltos y mejorar su situación. Debería poder incidir con propuestas y creatividad en sus tareas elegidas, debería poder compartir el fruto de su propiedad –el trabajo– libremente y todo conocimiento desprendido de éste que sirva a otros. Debería poder sentirse satisfecho de lograr que, con su dedicación, también sus semejantes progresan.

Pero lo que debería ser, no es. Por tanto, el trabajo no pertenece hoy al trabajador.

¿Del empleador?

A primera vista pareciera que sí, que el empleador es el verdadero dueño del trabajo, ya que da órdenes y exige obediencia de quien trabaja. Dirige su actividad, define en gran medida su retribución y se apropia de la renta excedente de lo producido.

Sin embargo, si el trabajador renuncia, debe reemplazarlo para recobrar el trabajo. Si las condiciones no son aceptables, el reemplazo se dificulta y el empleador, para volver a ser dueño del trabajo, debe buscarlo más lejos, en otros países o bien cerca, con gente de otros países.

Si el trabajador se organiza con otros para demandar mejores condiciones laborales, el empresario pierde algo de su poder sobre el trabajo. Si hay leyes de protección al trabajo, ya no puede disponer libremente del tiempo y trabajo del personal como si fueran simples objetos.

Por tanto, el empresario es poseedor absoluto del trabajo sólo si hay trabajadores dispuestos a ocupar puestos de trabajo en cualquier condición, no hay trabajadores organizados y leyes que los protejan. Para lo cual –felizmente– habría que volver los relojes varios siglos atrás. Aunque algunos se empeñan en ese sentido. Y hasta lo consiguen.

¿Es el trabajo propiedad del capital financiero?

El capital financiero es hoy el dueño de casi todo. El mecanismo responsable es la usura. Al considerarse que el dinero no es un medio sino un bien en sí mismo, una mercadería incluso más valorable que un bien tangible, se ha abierto la puerta a que algunos comercien con el dinero.

Sucede entonces que el interés de cualquier préstamo –por hacerlo bien simple– absorbe una parte cada vez más importante de la actividad económica a la cual está destinado. Esta parte, que debería destinarse a mejoras salariales, a reinversión industriosa, a ampliación de fuentes de trabajo, desaparece en torno a negocios fantasmales, que sólo existen y trastornan el torbellino en el que están envueltos los servidores del capital y por extensión del perjuicio, la sociedad toda.

Si el tomador de un préstamo no puede pagarlo, para pagarlo baja sueldos o despide trabajadores. Con lo cual aquellos que están en el otro extremo de la cuerda, los banqueros o accionistas principales, dominan al trabajo. E incluso a los empresarios, que se tornan apenas intermediarios del desastre.

¿Es el trabajo propiedad del gobierno? ¿Del Estado?

El Estado suele ser uno de los mayores empleadores a nivel mundial. Esto es así porque la función del Estado es servir a la población. Población que es cada vez más consciente de sus derechos y exige que el Estado vele por ellos.

Y así debe ser, ya que el Estado es una construcción colectiva, histórica y sostenida económicamente por el conjunto social, por lo que es justo que se ocupe del bienestar de todos, cosa poco probable en el caso de la empresa privada, cuyo objetivo primordial es la rentabilidad y el lucro particular.

Precisamente sucede que estos intereses parciales, gobernados por el gran capital, no tienen al bienestar general como primario, sino a sus dividendos accionarios, que en la mayoría de las ocasiones sólo sirve para realimentar una y otra vez el mismo circuito absurdo.

Entonces promueven o imponen gobiernos lacayos que, para bajar costos y eximir impuestos comienzan a reducir la prestación del Estado y a despedir servidores públicos. Parece en estos casos que el trabajo, en vez de pertenecer al pueblo, fuera propiedad de los gobiernos que se apropian del Estado. Una doble apropiación ilegítima.

El pueblo, además de ser propietario indiscutible de su trabajo, es beneficiario del trabajo de aquellos que desde el Estado le brindan cuidados de salud, educación, organizan la recaudación y distribución de jubilaciones, planifican planes de vivienda, higiene, infraestructura y un enorme etcétera.

Conclusión

El trabajo es del trabajador y sus frutos vuelven a la comunidad a la que beneficia, tan sólo si hay un piso creciente de derechos garantizados, si hay organización de los mismos trabajadores, si hay leyes de protección del trabajo; si no hay usura, empresarios ni gobiernos que ilegítimamente se crean y oficien como dueños del trabajador y sus productos.

El trabajo será en algún tiempo más de quien lo produce si por fin, luego de tantos siglos de brutalidad, cada persona esté en condiciones de decidir en qué quiere ocupar su fuerza vital, sin presión, imposición o explotación alguna.

Si la vida, en definitiva, no es reducida a una difícil lucha por sobrevivir. Y aunque hoy no lo parezca, así será a futuro, porque esa es la flecha indiscutible de la historia.

Javier Tolcachier

 

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