La prisión de los parlamentarios del PCV y el MIR

Ubicada en el contexto de la década de violencia desatada desde comienzos de los años sesenta del pasado siglo, por la deliberada intención de los partidos de la izquierda venezolana de derrocar por las armas y con el auspicio político y avituallamiento militar de la Cuba de Fidel Castro, al gobierno de Rómulo Betancourt, la prisión de los parlamentarios del Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, constituyó una violación abierta y deliberada de la inmunidad parlamentaria que protege las funciones del Poder Legislativo.

A comienzos de su gobierno, el líder de AD contaba con una sólida mayoría de diputados y senadores, no sólo pertenecientes a las filas de su partido, sino integrantes de los partidos Copei y Unión Republicana Democrática que como miembros de la coalición de gobierno le daban soporte parlamentario a su administración. Esta situación comenzará a alterarse cuando el curso de los acontecimientos políticos determine rupturas, deslindes y tomas de posiciones que erosionan la base de apoyo al régimen.

Primero se produce la división de AD que encabezada por Domingo Alberto Rangel, Simón Sáez Mérida y el buro juvenil nacional de ese partido que invocando la traición de Betancourt al carácter revolucionario de los planteamientos históricos de la tolda blanca, monta tienda aparte y proclama un lenguaje radical que pronto deriva hacia lo insurreccional. Luego se produce la ida de URD el partido de Jóvito Villalba, cuyo dirigente, Ignacio Luis Arcaya, cumpliendo funciones de canciller de la República se niega a votar favorablemente en San José de Costa Rica, las sanciones que en la OEA se establecen contra el régimen comunista de Fidel Castro, más tarde tocará de nuevo al partido de gobierno sufrir una división, esta vez encabezada por el senador yaracuyano Raúl Ramos Giménez, quien a la cabeza del denominado grupo ARS se lleva buena parte de los cuadros medios y una importante representación parlamentaria.

Los acontecimientos anteriores determinan un cambio en la correlación de fuerzas parlamentaria, pues los partidos de oposición pasan a ser mayoría en la cámara de diputados y en las sesiones conjuntas del congreso Nacional, desde donde desatan una andanada de ataques al Ejecutivo. El 23 de enero de 1962 la cámara baja del Congreso de la República elige una nueva directiva que encabeza el diputado de la ahora denominada AD-Oposición, Manuel Vicente Ledezma y en la que figuran parlamentarios de URD y el MIR. Hasta este momento en el seno de las cámaras legislativas se han tramitado varias solicitudes de allanamientos a los parlamentarios Teodoro Petkoff, Domingo Alberto Rangel, Eloy Torres y Simón Sáez Mérida, cumpliéndose al pie de la letra lo establecido en el artículo 143 de la vigente constitución de 1961 que establecía el procedimiento aplicable.

En septiembre de 1963, cuando sólo faltan tres meses para las nuevas elecciones presidenciales, cuando las cámaras del Congreso han concluido sus sesiones y sólo funciona la Comisión Delegada, con los partidos Comunista y MIR ilegalizados por decreto del Ejecutivo y en medio de una violencia generalizada que incluyó los derrotados intentos de insurrección militar de Carúpano y Puerto Cabello, va a producirse un hecho abominable que tuvo el repudio casi unánime de los venezolanos, el llamado asalto al tren de El Encanto, donde unas locomotoras llenas de padres, madres y niños que se desplazaban hacia las cercanías de Los Teques en plan recreacional, es asaltada por una unidad de las llamadas Fuerzas Armadas de liberación Nacional, que pretendiendo despojar de sus armas a los guardias nacionales que custodian el transporte protagonizan una balacera con saldo lamentable de muertos y heridos.

A pesar de que los jefes políticos y parlamentarios de los partidos alzados en armas deploran los hechos, esta situación harto repudiable pareciera colmar la paciencia del presidente Rómulo Betancourt, quien ya en varias oportunidades había advertido contra quienes pretendían convertir inmunidad en impunidad. El jefe de Estado conocedor como era de que no obtendría la mayoría para desaforar a los diputados y senadores del PCV y el MIR decide manu militari ordenar en primer lugar su arresto domiciliario y someterlos a juicio militar lo que era una violación abierta y flagrante de la inmunidad parlamentaria de la que ellos disfrutaban.

La prisión del cuartel San Carlos

Ante los escrúpulos legalistas de los doctores Rafael Caldera y Arístides Calvani, jefes de Copei, socio de la alianza de gobierno, que se niegan a respaldar la medida si no se le busca una justificación Jurídica al grave asunto, el Gobierno encomienda a David Morales Bello la elaboración de una tesis que fundamente la acción. Surge así la llamada teoría de la “sustantividad o autonomía del delito militar”, que en pocas palabras significaba que la inmunidad parlamentaria no cubría ni amparaba los delitos militares, y que por tanto los parlamentarios podían ser procesados sin el cumplimiento del trámite parlamentario. Rebuscados los argumentos para remover las dudas de sus socios copeyanos, el juez militar Rafael Ángel Chalbaud Duque decreta la detención de los parlamentarios Gustavo Machado, Eduardo Machado, Domingo Alberto Rangel, Simón Sáez Mérida, Jesús María Casal, Jesús Villavicencio, Guillermo García Ponce, Pedro Ortega Díaz, Pompeyo Márquez y Jesús Farías, quienes irán a purgar prisión a la vieja fortaleza militar del cuartel San Carlos.

Rafael Simón Jiménez

rafaelsimonjimenez@hotmail.com

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