La vida dentro y fuera del albergue humanitario de migrantes venezolanos en Bogotá

Dos semanas después de haber sido trasladados a un albergue humanitario temporal en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, cerca de 300 inmigrantes venezolanos conviven entre la solidaridad de algunos vecinos y la hostilidad de otros.

“Muchos vecinos nos discriminan y gritan cosas porque dicen que les traemos enfermedades o porque creen que los vamos a robar, pero el hecho de ser pobres no significa que seamos delincuentes”, dijo a Sputnik la joven inmigrante Mayerli Cardona, mientras esperaba con su pequeño hijo y su esposo una de las raciones de comida del día.

En el país hay poco más de un millón de migrantes venezolanos, de los que el 24%, es decir alrededor de 224.000 personas, se encuentra en Bogotá, según la estatal Migración Colombia.

Brote de xenofobia

El 13 de este mes las autoridades locales de Bogotá trasladaron a unos 300 migrantes venezolanos desde un asentamiento cercano a la terminal de transportes de la ciudad al albergue ubicado en una zona residencial donde fueron recibidos en medio de insultos de algunos vecinos, lo que ocasionó disturbios con la policía.

Al respecto Julián Albornoz, habitante del barrio Luis María Fernández, de Engativá, donde se ubica el campamento, dijo a esta agencia que “la medida que tomó el distrito (de trasladar a los migrantes) fue muy improvisada y nunca fue consultada con la comunidad, lo que generó la reacción violenta y xenofóbica que terminó con enfrentamientos con la policía y los agentes de Inmigración”.

Albornoz cree que la molestia con las autoridades aún sigue vigente, “ya que se le pidió al distrito que no instalara el campamento” en el lugar debido a que, a su juicio, constituye un “enorme problema” para la comunidad.

Carmen Elvira Victoria, otra de las vecinas del albergue, dijo a esta agencia que “desde que llegaron los inmigrantes la gente anda muy prevenida, temerosa de que los vayan a robar (…), por lo que los vecinos ahora se encierran en sus casas más temprano y los tenderos han tenido que instalar rejas o atender por las ventanas”.

En el albergue

Los migrantes venezolanos viven en 60 tiendas amarillas que se extienden en una explanada de césped tan grande como una cancha de fútbol, delimitada del resto del barrio por una extensa pared de ladrillo, mallas de acero y lonas que se sacuden con fuerza por el viento frío de Bogotá.

Anderson Gómez, un joven inmigrante que aprovecha un poco de sol para secar su ropa sobre una de las tiendas, indicó a esta agencia que estaban “mejor cerca de la terminal” porque podían recibir comida y donaciones.

Además, afirma que al albergue los llevaron “con engaños” de que iban “a estar mejor” y les hicieron dejar cobijas y otros objetos que la gente les había regalado.

Agregó que en la actualidad dependen de lo que las autoridades del distrito les quieran dar “y cuando ellas quieran”, lo que ha llevado a que varios deseen abandonar el refugio.

Solo cuatro días después de haber sido instalados en el alojamiento temporario, la Secretaría de Integración Social de Bogotá indicó que 27 migrantes dejaron el lugar.

Por un lado, la Secretaría afirma que eso se debió a que querían regresar con sus familias, sin embargo, algunos venezolanos indican que fue por la falta de alimentos y las constantes disputas y violaciones al manual de convivencia.

Gómez afirmó que la mayoría de las peleas en el albergue “se dan por la falta de comida, lo que lleva a que la gente se pase de una carpa (tienda) a otra para robar los alimentos; en general hay mucha desconfianza porque en el asentamiento en el que estábamos antes, permanecíamos agrupados entre familiares y conocidos, por lo cual nos protegíamos y respetábamos”.

Yefferson Astudillo, quien lleva ocho meses en Bogotá, agregó a Sputnik que en el campamento “no se sabe a quién se tiene al lado, por lo que es un ambiente tenso y difícil que ya ha llevado a varias peleas, con el agravante de que hay mujeres y niños de por medio”.

A su turno, el migrante Henry Quiroga opina que el asentamiento en el que estaba antes “era mucho mejor”, ya que se recibía tanta comida “que en ocasiones tocaba botarla”, lo que no ocurre en el campamento actual, en el que está prohibido realizar fogatas para preparar alimentos y recibir donaciones de los vecinos.

Observar el campamento desde afuera es prácticamente imposible, las lonas que cubren el lugar por los costados impiden que los transeúntes lo vean, aunque saben que existe por la movilidad que se observa en inmediaciones del lugar y a la amplia presencia de agentes de policía.

Sin embargo, la panorámica es diferente para Aída Pantoja, quien desde su apartamento, en el quinto piso de un edificio vecino, observa el día y la noche en el campamento.

“Es una situación difícil porque se observa la miseria a la puerta de tu casa; hay mucho niño y eso le rompe el corazón a cualquiera, pero uno no sabe si ayudar o no, ya que las autoridades nos han recomendado que no les demos comida porque ellos cuentan con sus raciones diarias y porque eso generaría que se acumulen desperdicios y se produzcan enfermedades”, indicó la vecina a esta agencia.

Quienes se encuentran en el albergue disponen de un permiso especial de permanencia por dos años en Colombia.

El acceso al campamento no es libre, sino monitoreado por las autoridades del distrito que incluso realizan censos con tecnología biométrica para establecer con precisión la identidad de cada uno de los inmigrantes y sus antecedentes.

Hasta enero

La secretaria de Integración Social de Bogotá, Cristina Vélez, dijo a la prensa que “la idea es que sigamos con esta intensidad de trabajo social de manera tal que cada familia pueda definir lo que quiere hacer, si se quiere establecer en Bogotá, si quiere regresar, si quiere seguir su rumbo, y poder acompañar a cada una de las familias en la toma de estas decisiones y así poder levantar este campamento antes del 15 de enero”.

Según la estatal Migración Colombia, entre enero y septiembre de este año más de 1.052.000 venezolanos ingresaron a Colombia, mientras que un poco más de 676.000 salieron a otros países, principalmente a Ecuador, Perú, Chile, EEUU y México.

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