Trump, jus ad bellum

Quienes controlan el poder político en Washington han declarado la guerra a Venezuela ante lo que consideran una “amenaza inusual y extraordinaria”, el “Recognize a state of war between the United States and…”. No ha hecho falta un documento, decreto ejecutivo o la autorización del Congreso de los Estados Unidos de América para que sobre Venezuela estén; “all options are on the table” (golpe de estado, guerra civil, sanciones económicas, bloqueo de cuentas en bancos internacionales, magnicidio, ocupación y fragmentación del territorio, sabajotaje a los servicios públicos, etc) que conduzca al restablecimiento del “orden democrático”. Se busca darle un fundamento ético a la guerra, insistimos, no declarada de manera formal o legal pero con la aplicación en el campo de batalla de amplias opciones. Más de ocho días de apagón eléctrico, corresponde a una de las opciones diseñadas por Washington para provocar una gran conmoción nacional que justifique la “Responsabilidad para Proteger (R2P)” termino ya utilizado en esta columna anteriormente para demostrar la intencionalidad manifiesta de Washington de torcer el rumbo de Venezuela. Desde 1998 con la victoria electoral de Hugo Chávez, el país ha estado sometido a las agresiones planificadas desde Washington y Langley bajo las administraciones de Bush hijo, Obama y ahora Trump. En cada ocasión un micrófono ha bastado para comunicar una acción unilateral que han buscado acabar con el estado de paz para convertirlo en un estado de guerra.

Francisco de Victoria

Francisco de Victoria, un dominico español del siglo XVI, que justificó el derecho de la corona española en la conquista del Imperio Español sobre los pueblos de América ampliaba el concepto de San Agustín y Santo Tomas sobre la Guerra Justa: “Y porque no puede ponerse en duda la licitud de la guerra defensiva, puesto que es lícito repeler la fuerza con la fuerza; en cuarto lugar, se prueba también la licitud de la guerra ofensiva, esto es, de aquella en la cual, no sólo se defienden o se reclaman las cosas, sino que además, se pide satisfacción por una injuria recibida”. La legitimidad que expone Victoria sobre la Guerra Ofensiva, no solo la de carácter defensivo, sostiene que existirá paz y seguridad en la nación mientras no se mantenga a raya al enemigo con el miedo a la guerra. La Guerra Justa para Victoria tiene como única causa la “injuria recibida” y destaca: “…no cualquier injuria para declarar una guerra: debe ser una injuria que merezca una guerra, en la cual habrá devastación, incendios y matanzas”. ¿Cuál fue la “injuria recibida” por Washington de parte de Venezuela para declarar la Guerra? ¿Cuál fue la ofensa? El dominico Victoria señala que todo vale en una guerra que pretenda “defender el bien público, recobrar las cosas perdidas, resarcirse con los bienes del enemigo, vengar la injuria recibida y hacer todo cuanto sea necesario para asegurar la paz…”. En pleno siglo XXI, Washington, evoca el pensamiento del siglo XVI, defienden la “democracia y la libertad” como bien público, pretenden recobrar el petróleo venezolano que en algún momento estuvieron bajo su control, están resarciendo con Citgo los daños causados, vengan la ofensa recibida, “No me gusta lo que veo en nuestro patio trasero”, recordaba Trump en presencia del presidente de Colombia, Iván Duque, en su última visita a la Casa Blanca y por último, lo que entiende Washington de lo dicho por Victoria en el siglo XVI (“…hacer todo cuanto sea necesario para asegurar la paz…”) contextualizado en el siglo XXI: “all options are on the table”. En Venezuela vivimos hoy la creencia de Washington a ejercer el derecho ¿Divino? para emplear la fuerza sobre una nación cuya única ofensa cometida es concebir la paz como un elemento para llevar sus connacionales la mayor suma de felicidad posible.

Motta Domínguez

GOBERNABILIDAD. Si hay alguna aseveración que podemos recoger del ataque hecho al Sistema Eléctrico Nacional que paralizo al país durante más de 90 horas continuas es la acción conjunta de Gobierno Bolivariano para enfrentar el sabotaje eléctrico y restituir la energía, el agua y las telecomunicaciones en tiempo perentorio. El mando del Sistema Eléctrico ha sido asumido por la Dirección Política-Militar de la Revolución Bolivariana alrededor de la jefatura de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez y el Gobernador Héctor Rodríguez. La destitución del Mayo General Luis Motta Domínguez es un hecho. Por cierto, cuál será la relación de Motta Domínguez y Rafael Ramírez.

Rafael Ramírez

EL “BLACKOUT” DE RAMIREZ. Recientemente Rafael Ramírez, escribió un artículo, bajo el título, “Blackout”, el ministro de Energía y Minas para finales del 2002, entre otras cosas señala: “…el sector eléctrico, por su carácter estratégico, se preparó durante el gobierno del presidente Chávez, para la contingencia de un conflicto o ataque externo al sistema, tomando las previsiones de diversificar las fuentes generadoras, a través de la incorporación de más de 4.000 MW de generación termoeléctrica, para crear suficientes capacidades en las distintas regiones y sectores estratégicos del país, y disminuir la dependencia del Guri”. ¿Se acordará Ramírez de su viceministro Nervis Villalobos? ¿Ha donde fueron a parar los recursos designados por Chávez para “la contingencia de un conflicto o ataque externo al sistema…”? Ramírez parece haber sufrido un BLACKOUT en la memoria.

Baltazar Porras

BALTAZAR Y LA COMPAÑÍA DE JESÚS. La Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina y el Caribe – CPAL, entre el 4 y 6 de marzo, en la ciudad de Lima, Perú, organizó la reedición del Seminario Latinoamericano “Búsqueda de Alternativas Políticas a la Crisis Venezolana”. El conclave conto con la presencia de “51 laicos y sacerdotes, incluyendo 19 jesuitas” y contó con el apoyo de las universidades; Antonio Ruiz de Montoya (Perú) y la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). Sobre tres interrogantes versó el debate en el Seminario: ¿cuál es el papel de los diversos actores sociales, políticos y armados en la coyuntura venezolana?, ¿cuál es la postura de los países y bloques transnacionales de poder que inciden en la crisis del país?, ¿cuál debe ser el aporte y la ruta de actuación de la Compañía de Jesús a partir de los diversos escenarios probables? El documento resultante, firmado por el Roberto Jaramillo Bernal, S.J., presidente de la CPAL, expone su confianza en la lectura de la realidad del país que posee la Conferencia Episcopal Venezolana y hacen en este sentido referencia a la 111ª Asamblea plenaria Conferencia Episcopal de Venezuela, efectuada en enero de 2019; “vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo…”. Entre los asistentes destaca la participación de Baltazar Porras, quien expreso: “Se ha desatado un cambio y un salto que decimos cualitativo porque la insurgencia, digamos así, del fenómeno Guaidó (…) como el único poder constituido que responde a la legitimidad de origen”. Recordemos que Baltazar Porras fue uno de los principales protagonistas del Golpe de Estado del 2002. Al Cardenal Porras y la cúpula de los Jesuitas en Venezuela, parecen estar dispuestos a no dar la otra mejilla sino a bendecir el Golpe de Estado. Cabe recordarle a los congregados la semana pasada en Lima, las palabras de otro jesuita, Rutilio Grande, el “padre Tilo”, asesinado hace 42 años por escuadrones de la muerte bajo el auspicio de los EE.UU., y la coordinación de Elliott Abrams: “Amigos. Volvamos al Evangelio, volvamos al pobre pueblo. Allí se nos aclara cuando se mira turbio el horizonte de nuestro caminar pastoral”.

Guaidó y Ricardo Hausmann

“PERO”. Paradójicamente en Venezuela la principal amenaza a la propiedad privada, no está en quienes durante estos años han dirigido el proceso de transformación en el país. En días recientes Ricardo Hausmann, nominado por el autoproclamado como representante de Venezuela ante el BID, en una entrevista concedida a un diario español “ALnavio”, sobre lo que debe hacerse sobre Venezuela una vez depuesto el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, indico: “El primero es devolverle a la sociedad sus derechos, incluidos los económicos…”. Juan Guaidó parece desechar la premisa de Hausmann, convirtiéndose inesperadamente en el peligro a la propiedad privada, en un tuiter del diputado varguense sentenció: “No se puede hacer apología de la violación a la propiedad privada, pero tampoco se puede ignorar la desesperación de comunidades que están sin luz ni agua desde hace días y sin poder comprar lo que necesitan con urgencia”. Que opinión tendría al leer este comentario de estar aún con vida Salomón Cohen Levy. ¿Habrá algún comunicado del Grupo Sambil a propósito del “pero” de Guaidó?

El compa Felipe

redaccionverdades@gmail.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

error: Content is protected !!
A %d blogueros les gusta esto: